Los recortes de un billón de dólares a Medicaid de la One Big Beautiful Bill Act entran en vigor hasta 2034
La ley, firmada por el presidente Trump el 4 de julio de 2025, también endurece los requisitos de elegibilidad del SNAP y establece los requisitos de trabajo de Medicaid a partir de enero de 2027
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La One Big Beautiful Bill Act recorta cerca de un billón de dólares de Medicaid hasta 2034 y endurece la elegibilidad para los programas federales de asistencia social, con lo que se espera que millones de personas pierdan los beneficios del SNAP. Los requisitos de trabajo de Medicaid contemplados en la ley entran en vigor en enero de 2027. La legislación también incluye exenciones fiscales sobre propinas, pago de horas extra y una deducción para personas de la tercera edad.
La ley fue aprobada en el Senado el 1 de julio de 2025 por 51 votos contra 50, con el vicepresidente JD Vance desempatando después de que tres republicanos se sumaran a los demócratas en contra, de acuerdo con la American Academy of Otolaryngic Allergy. La Cámara de Representantes aprobó la versión final el 3 de julio de 2025 por 218 votos contra 214, con dos republicanos votando en contra junto con todos los demócratas, según reportó la American Hospital Association. Trump firmó la ley, formalmente H.R. 1 y Public Law 119-21, el 4 de julio de 2025, indicó la American Medical Association.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que la ley añadirá 3.3 billones de dólares al déficit nacional durante la próxima década, de acuerdo con GovFacts. La ley también eleva el techo de deuda en 5 billones de dólares, y estimaciones de la CBO citadas por HIMSS sitúan en 3.4 billones de dólares el incremento total de la ley a los déficits federales en 10 años. El Center for American Progress encontró que los cerca de un billón de dólares en recortes a Medicaid son similares en magnitud a cerca de un billón de dólares en recortes fiscales que benefician al 1% de mayores ingresos.
Los recortes a Medicaid y los nuevos requisitos de trabajo representan un ajuste estructural del gasto federal, incluso cuando la administración ha impulsado por separado medidas costosas como cheques universales de 5,000 dólares y exenciones fiscales adicionales. Ese contraste deja abiertas las dudas sobre si el Congreso autorizará esos pagos y cómo administrará el Tesoro las cuentas fiscales resultantes, una pregunta que probablemente seguirá atrayendo la atención de los inversionistas que vigilan el gasto y los déficits federales.